La interventora de la Complutense asegura que no ve irregular que Begoña Gómez firmase pliegos para contratar un software

El pasado viernes el juez Juan Carlos Peño tomó declaración a varios testigos propuestos por la defensa de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, en el marco de la investigación que se sigue contra ella por presuntos delitos de apropiación indebida, intrusismo profesional, tráfico de influencias, corrupción y malversación.

Investigación judicial sobre Begoña Gómez

María Elvira Gutiérrez‑Vierna, interventora de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), declaró ante el magistrado que Begoña Gómez habría actuado dentro del marco normativo de la universidad al firmar los pliegos de contratación para el patrocinio de la Cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC), la cual co‑dirigía.

Dos integrantes de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Complutense, citadas para explicar las gestiones realizadas para registrar el dominio de un software desarrollado en la cátedra, confirmaron que la interlocutora con la oficina fue Cristina Álvarez, asesora de Gómez. Según su testimonio, la OTRI nunca registra dominios de esa naturaleza y que Gómez no completó el formulario necesario para formalizar el registro, por lo que el dominio nunca se inscribió en el Registro de Propiedad Intelectual.

Zulma Escalante, codirectora del Máster de Formación Permanente en Sostenibilidad de la UCM, también testificó que el dominio del máster había sido registrado a nombre de una persona ajena a la universidad, lo que sugiere una posible irregularidad en la gestión de Gómez.

El juez Peño ha avanzado en dos líneas de investigación principales: por un lado, si Gómez incurrió en delito de apropiación indebida al registrar a su nombre el software de la cátedra; por otro, si cometió intrusismo profesional al firmar documentos y pliegos vinculados al desarrollo del software sin contar con la capacitación requerida. En su auto, el magistrado confirmó que el caso seguirá su curso y, de llegar a juicio, será juzgado por un tribunal de jurado.

Además, la causa incluye indagaciones por tráfico de influencias, corrupción en los negocios y malversación. En el mismo procedimiento se mantienen imputados a la asesora de Gómez, Cristina Álvarez; al actual delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín; y al empresario Juan Carlos Barrabés.