El juez pone el foco en el posible dinero oculto y los "contactos internacionales" de Ábalos para justificar su ingreso en prisión

El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha decretado la prisión provisional sin fianza de José Luis Ábalos y de su antiguo asesor Koldo García, al considerar que existe un riesgo de fuga «extremo» que solo puede mitigarse con la medida cautelar más gravosa.

Riesgo de fuga y medidas cautelares

En la resolución dictada este jueves, el juez subraya que la posible huida de ambos acusados a otro país está motivada por la magnitud del caso, la existencia de recursos económicos ocultos y los contactos internacionales que mantienen. La prisión provisional sin fianza no constituye un castigo, sino una garantía para el correcto desarrollo del proceso penal, equilibrando los riesgos de destrucción, alteración u ocultación de pruebas, la reiteración del delito y, sobre todo, la fuga.

Posibles sanciones

• Según la hipótesis de condena, Ábalos podría enfrentar una pena mínima de 12 años y medio de prisión; la Fiscalía anticorrupción pide 24 años y las acusaciones populares 30 años.
• Para Koldo García, la Fiscalía solicita una pena de 19 años y seis meses; el magistrado considera que el riesgo de fuga es “inasumible”.

El magistrado indica que el juicio oral está previsto para los próximos meses en el propio Tribunal Supremo, lo que significaría que, de producirse condena, ésta sería de cumplimiento inmediato y no susceptible de recurso.

En cuanto a los recursos económicos, el juez señala que Ábalos ha podido recibir y manejar importantes sumas de dinero en efectivo, sin justificar su ausencia de ingresos bancarios durante varios años. Además, se ha detectado la existencia de bienes inmuebles en distintos países hispanoamericanos y una vinculación con la fundación “Fielso”, de la que es fundador.

Respecto a Koldo García, el magistrado indica que, durante años, ha asumido gastos de Ábalos sin ofrecer explicaciones plausibles, lo que sugiere la disponibilidad de fondos propios. También se le atribuyen contactos internacionales fuera de España.

La defensa de García ha intentado argumentar el arraigo familiar del acusado, señalando que tiene una hija de cinco años, hermanos y una madre a la que atiende en Benidorm. Sin embargo, el magistrado considera que dichos vínculos familiares no garantizan la permanencia en el país, ya que podrían desplazarse para acompañarlo o él mismo podría alejarse temporalmente para eludir la justicia.