Que sí que no qué pasó al final

El Gobierno de coalición liderado por Pedro Sánchez y Yolanda Díaz (con la vicepresidencia económica de María Jesús Montero) continúa sin presentar los Presupuestos Generales del Estado para 2024, incumpliendo así el mandato constitucional establecido en el artículo 134.4. Dicho artículo exige que el Ejecutivo remita las cuentas al Congreso al menos tres meses antes de la expiración de los presupuestos anteriores, es decir, antes del 1 de enero. Sin embargo, ya en plena primavera, el texto sigue sin ver la luz, lo que prolonga una situación de incumplimiento que se repite desde hace cuatro años.

Un calendario roto por promesas incumplidas

En los últimos meses, el Ejecutivo ha lanzado reiteradas señales sobre la inminente presentación del proyecto presupuestario: desde asegurar que se haría “antes de que acabara el año”, pasando por compromisos de “en unas semanas” o “antes de primavera”, hasta el último giro de guion: un anuncio de inminente presentación rápidamente desmentido al día siguiente. Esta constante de promesas incumplidas ha generado desconfianza entre socios parlamentarios, formaciones de la oposición y analistas económicos, que advierten sobre los efectos negativos de una planificación fiscal en el limbo.

La ausencia de presupuestos aprobados impide activar con total garantía muchas de las medidas anunciadas dentro del marco de las políticas anticrisis, como nuevas ayudas energéticas, reforzamiento del sistema sanitario o inversiones en infraestructuras. Aunque el Gobierno ha recurrido a créditos extraordinarios y prórrogas de las cuentas del año anterior, este mecanismo no sustituye la necesidad de un plan económico aprobado por el Parlamento.

Consecuencias institucionales y políticas

• Incumplimiento reiterado del artículo 134.4 de la Constitución.
• Dificultad para aprobar reformas estructurales sin marco presupuestario.
• Desgaste en la relación con partidos clave para la gobernabilidad, como ERC o Sumar.
• Debilitamiento de la credibilidad del Ejecutivo ante los mercados y la Unión Europea.

La falta de cuentas no solo afecta a la gestión diaria del Estado, sino que también limita la capacidad de respuesta ante eventuales crisis económicas o sociales. Mientras tanto, la oposición no ha dejado de recordar el retraso como un síntoma de desgobierno, exigiendo responsabilidades y transparencia. En este contexto, la presión sobre el Ejecutivo crece, especialmente con elecciones europeas y autonómicas recién celebradas y una nueva etapa de definiciones políticas en marcha.

Carlos Mendoza Vargas Periodista

Licenciado en Comunicación Social con mención en Periodismo por la Universidad Central de Venezuela. Tiene 12 años de experiencia en cobertura de política nacional y conflictos sociales, con especialización en periodismo de investigación. Ha trabajado para medios impresos, digitales y radiofónicos en América Latina.