La UE avala crear centros de deportación de migrantes fuera de Europa con la oposición de España

El Tribunal Supremo ha concluido que el exvicepresidente del Gobierno, José Luis García‑Ortiz, o alguna persona de su entorno fue la responsable de filtrar un correo interno, calificando la acción como «delito» en la nota de prensa emitida por la Fiscalía.

En la rueda de prensa que siguió a la aprobación, por parte del Consejo de Ministros, de la creación de la Casa 47 —una nueva instalación destinada a la gestión de menores en situación irregular— el Gobierno reiteró su compromiso con la protección de los menores y la normativa europea.

Acuerdo de los Veintisiete sobre la reforma migratoria

Los veintisiete estados miembros de la Unión Europea han alcanzado, este lunes, un pacto que flexibiliza las normas sobre países terceros seguros y los requisitos de retorno, con el objetivo de agilizar la expulsión de solicitantes de asilo a quienes se les niega la protección. Entre los cambios más relevantes, desaparece la obligatoriedad de que exista una «conexión» entre el migrante y el país al que es devuelto, y se abre la posibilidad de validar acuerdos bilaterales para externalizar la acogida, como había intentado Italia con Albania.

El ministro del Interior, Fernando Grande‑Marlaska, ha manifestado en la reunión de ministros de la UE en Bruselas que España se opone a estas modificaciones, no solo por dudas sobre su efectividad, sino también por posibles incompatibilidades con el Derecho comunitario e internacional en materia de derechos humanos.

Los ministros han definido una serie de líneas rojas que guiarán las negociaciones con el Parlamento Europeo sobre la versión definitiva de la directiva de retorno. Entre ellas, la intención de permitir a los gobiernos europeos negociar bilateralmente acuerdos con terceros países para establecer centros de acogida, donde se trasladarán a migrantes a los que se les ha denegado el asilo pero cuya deportación aún está pendiente.

La reforma también prevé sanciones más severas para los migrantes que rechacen la expulsión, como períodos de retención más prolongados y una ampliación de la prohibición de volver a entrar al territorio de la UE tras una decisión de expulsión. Asimismo, se contemplan medidas contra la falta de cooperación, que incluyen la reducción o supresión de subsidios, la retirada de permisos de trabajo y, en los casos más extremos, penas de prisión. En situaciones de riesgo para la seguridad, la prohibición de entrada podría llegar a ser indefinida.

Sobre el concepto de «país tercero seguro», el acuerdo permite que los Estados miembros expulsen a migrantes sin necesidad de demostrar un vínculo previo con el país de destino. Grande‑Marlaska advirtió que esta redefinición “rompe la integridad del Pacto migratorio antes de que haya empezado a funcionar” y señaló las dudas legales sobre si respeta los derechos y obligaciones de los solicitantes de protección internacional. Aunque delegaciones como Portugal y Francia expresaron reservas por el impacto político, social y constitucional, la posición obtuvo el apoyo de una amplia mayoría, según informó el ministro danés, presidente del Consejo en ese semestre.

En línea con esta nueva definición, los Veintisiete han respaldado una primera lista de países que Bruselas propone considerar seguros en toda la UE. La lista incluye a Marruecos, Colombia, Bangladesh, Egipto, India, Túnez y Kosovo, y, con posibles excepciones, a todos los países candidatos a la adhesión al bloque comunitario.

Otro aspecto clave de la reforma es el mecanismo de solidaridad, que establecerá cuotas de reubicación de migrantes entre los Estados miembros que enfrenten mayor presión migratoria. Este instrumento entrará en vigor una vez que el Pacto migratorio esté plenamente operativo, estimado para junio del próximo año. En la fase inicial, los países que podrán solicitar solidaridad son España, Italia, Grecia y Chipre.

La Comisión Europea podrá proponer la reubicación de hasta 30 000 migrantes, con la posibilidad de que los Estados reacios a recibir a parte de ellos ofrezcan medidas compensatorias de hasta 600 000 millones de euros. Sin embargo, tras la abstención de España en la votación, el cupo se redujo a 21 000 reubicaciones y a 420 000 millones de euros en medidas compensatorias, cifras que se aplicarían en 2026, exclusivamente durante el segundo semestre del año en que el Pacto esté plenamente en vigor.

Los detalles sobre cuántos países aceptarán acoger reubicados y cuántos ofrecerán compensaciones siguen clasificados y se harán públicos, presumiblemente antes de final de 2025. El ministro español expresó su descontento con el acuerdo, sin precisar cuántos migrantes podrían ser reubicados desde España, y lamentó que “el contingente de solidaridad no puede convertirse en un regateo de cifras”.