Gobierno al borde del colapso por decreto anticrisis tras crisis con Irán

El Tribunal Supremo ha obligado a Airbnb a pagar una multa de 64 millones de euros impuesta por la Dirección General de Consumo por vulnerar la ley de consumo al no proporcionar información clara y veraz a los usuarios sobre las condiciones de sus alojamientos. La resolución confirma la sanción tras desestimar los recursos presentados por la plataforma, que argumentaba que no era responsable directa de los datos facilitados por los anfitriones. Las autoridades consideran que, como intermediario, la empresa debe garantizar la transparencia en toda la cadena de información ofrecida a los consumidores.

Irán amenaza con cerrar el estrecho de Ormuz

En medio de la escalada de tensión en Oriente Próximo, Irán ha advertido que podría cerrar "completamente" el estrecho de Ormuz en respuesta a cualquier acción militar de Estados Unidos o Israel. Esta vía marítima estratégica, por la que transita cerca de un tercio del petróleo transportado por mar en el mundo, se ha convertido en el epicentro de las preocupaciones internacionales. El régimen iraní justifica la amenaza como medida de defensa ante lo que considera provocaciones constantes por parte de potencias occidentales y sus aliados en la región.

El Gobierno español se prepara para una semana clave en el Congreso, donde el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, comparecerá este miércoles para explicar la posición de España ante el conflicto en Irán y detallar las medidas adoptadas para mitigar sus efectos económicos. La comparecencia se produce en vísperas de la votación, prevista para el jueves, sobre la convalidación del decreto ley de medidas anticrisis aprobado el viernes en un Consejo de Ministros extraordinario marcado por tensiones entre los socios de coalición.

Un decreto dividido en dos

• El primer decreto, centrado en la crisis energética, incluye la reducción al 10% del IVA en carburantes, electricidad y gas natural.
• Se suspende temporalmente el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica.
• Se reduce el Impuesto Especial sobre la Electricidad y se amplía una ayuda de 20 céntimos por litro de gasóleo a sectores clave como el transporte, la agricultura, la ganadería y la pesca.

Estas medidas, que ya entraron en vigor de forma provisional, buscan paliar el impacto de la subida de precios de la energía derivado del conflicto internacional. Aunque son similares a las adoptadas tras la invasión rusa de Ucrania, esta vez han generado desacuerdos internos. Sumar, socio minoritario del Gobierno, presionó con un inédito plantón de sus ministros durante el Consejo de Ministros hasta que se aceptó incluir un segundo decreto, centrado en vivienda, que se tramitará de forma independiente.

Medidas de vivienda con incertidumbre parlamentaria

• Prórroga automática por dos años de los contratos de alquiler cuya finalización estaba prevista para 2026 y 2027.
• Limitación del aumento anual de la renta a un máximo del 2%.

Este paquete, también en vigor de forma temporal, dependerá de la negociación parlamentaria en las próximas semanas. A diferencia del decreto anticrisis, el Gobierno reconoce no contar aún con los apoyos necesarios para su convalidación. El PP ya ha anunciado que no lo respaldará, mientras que el apoyo del PNV y Junts sigue en el aire. Sánchez ha señalado que se dará margen para negociar, sin fijar una fecha concreta para su debate en el Congreso.

La ministra de Trabajo y Seguridad Social, Yolanda Díaz, ha instado a los inquilinos a solicitar ya la prórroga de sus contratos, asegurando que las medidas están diseñadas para proteger a los más vulnerables. Mientras, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha expresado su esperanza en que el decreto anticrisis cuente con un amplio respaldo, incluido el del PP, por su impacto directo en hogares y empresas. "Este real decreto ley debe tener el mayor apoyo posible", afirmó en una entrevista reciente.

La tensión entre los socios de coalición ha evidenciado diferencias estratégicas en la respuesta a la crisis: mientras el PSOE apuesta por medidas fiscales para contener la inflación energética, Sumar insiste en proteger el poder adquisitivo mediante políticas sociales. Aunque el Ejecutivo mantiene la confianza en aprobar el paquete principal, el camino para las medidas de vivienda se presenta más incierto, con el reloj parlamentario marcando un plazo de 30 días para su convalidación o derogación automática.

Carlos Mendoza Vargas Periodista

Licenciado en Comunicación Social con mención en Periodismo por la Universidad Central de Venezuela. Tiene 12 años de experiencia en cobertura de política nacional y conflictos sociales, con especialización en periodismo de investigación. Ha trabajado para medios impresos, digitales y radiofónicos en América Latina.