El impacto de las prejubilaciones a las empresas y al SEPE: los mayores de 50 años cuestan miles de millones

Durante años la prejubilación se utilizó como una vía rápida para reducir plantillas, pero su coste real ha recaído sobre las empresas y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Ahora, con el debate centrado en los trabajadores mayores de 50 años, emergen miles de millones de euros en gastos que permanecían ocultos.

¿Cuánto le cuesta al SEPE el despido de un trabajador mayor de 50 años? No se trata de cantidades menores; son millones que provienen del erario público porque muchas compañías optaron durante años por recortar plantilla mediante la prejubilación. A pesar de ello, el mecanismo ha perdurado más tiempo del previsto.

La “enmienda Telefónica” y la factura oculta para las empresas

Entre 2013 y 2024 el SEPE exigió a 108 empresas la devolución de más de 1.100 millones de euros por haber despedido a 32.200 trabajadores mayores de 50 años, aunque sus resultados mostraran beneficios. Ese dinero, que inicialmente se había destinado a prestaciones y subsidios que funcionaban como prejubilaciones encubiertas, terminó convirtiéndose en gasto público.

Gran parte de esa suma se origina en el ERE de Telefónica de 2011, cuyo impacto financiero se fue pagando durante siete años, hasta completarse en 2020. El proceso de sanción y reclamación ha sido lento y, en muchos casos, las empresas sancionadas permanecen anónimas, lo que genera la percepción de que el sistema se diseñó más para corregir que para castigar.

La enmienda conocida como “Telefónica” estableció que el despido de un empleado senior tiene un coste para la empresa de entre 90.000 y 100.000 euros, una cifra que ha hecho inviable seguir utilizando la prejubilación como herramienta de ajuste.

Las condiciones también han cambiado: las prestaciones que antes cubrían hasta el 95 % del salario ahora son mucho menores, y el SEPE ha cerrado gran parte de las vías que permitían “puentear” los últimos años de vida laboral sin un alto coste para la empresa. Ante esta nueva realidad, las compañías están orientando sus recortes hacia perfiles más jóvenes, cuya recolocación resulta más rápida y menos costosa.

Los datos indican una caída del 75 % en las jubilaciones anticipadas forzosas durante la última década. El típico trabajador de 55 años que accedía a la jubilación anticipada ya no es la norma; no porque hayan desaparecido los despidos, sino porque las reglas han evolucionado y las empresas ya no pueden financiar prejubilaciones masivas.

En su lugar, aumentan los despidos de empleados “no prejubilables”, que ahora se enfrentan a un mercado laboral sin la red protectora que antes ofrecía la prejubilación. Si bien existen más oportunidades de recolocación, las condiciones de salida son considerablemente más duras.

El sector financiero, históricamente el mayor usuario de la prejubilación, ha sido el más afectado por la enmienda. Bancos como CaixaBank, Santander, Ibercaja y las antiguas cajas absorbidas han tenido que afrontar aportaciones millonarias al Tesoro. La falta de transparencia en la distribución de estas multas ha generado críticas, pero el efecto es claro: la banca ha dejado de apostar por prejubilaciones masivas y está orientando sus ajustes hacia empleados jóvenes, menos costosos de despedir y más fáciles de reubicar.

En resumen, la era de la prejubilación como solución de ajuste ha llegado a su fin. La elevada factura pagada por las empresas y el SEPE ha puesto de manifiesto la necesidad de un mercado laboral más transparente y responsable, donde los recortes de plantilla ya no puedan ocultarse bajo la apariencia de “salidas voluntarias”.