El Gobierno perfila un 'envite' por la vivienda este martes con la creación de Casa 47 y ayudas para caseros contra impagos

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En el plano nacional, el Gobierno español se prepara para dar un nuevo impulso a sus políticas de vivienda. La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, anunció que el Consejo de Ministros aprobará este martes la transformación de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) en la nueva empresa pública de vivienda, denominada Casa 47.

Casa 47: la nueva entidad estatal de vivienda y el seguro contra impagos

Casa 47 nace con el objetivo de reconfigurar la gestión del parque público de vivienda y hacer frente al alza de los precios. La empresa, cuya puesta en marcha está prevista para 2026, ofrecerá viviendas públicas de alquiler asequible a través de un portal online. Los alquileres no superarán el 30 % de los ingresos medios de la zona donde se ubique la vivienda, y los contratos tendrán una duración inicial de 14 años, ampliables hasta un máximo de 75 años siempre que el inquilino mantenga los requisitos de acceso.

Según la ministra, el 60 % de la población española podrá optar a los pisos de Casa 47, con distintas tipologías destinadas a familias cuyos ingresos oscilen entre dos y 7,5 veces el IPREM (entre 16.800 y 63.000 euros anuales). El plan incluye la transferencia de unos 40.000 pisos y 2.400 hectáreas de suelo desde Sepes, así como la compra de viviendas a particulares.

El Gobierno ha anunciado una inversión de 13.000 millones de euros en Casa 47 durante los próximos diez años, lo que equivale a 1.300 millones al año a partir de 2026. Isabel Rodríguez afirmó que, una vez alcanzado ese nivel de recursos, la entidad debería resultar viable económicamente sin necesidad de nuevas aportaciones públicas.

Paralelamente, el Ejecutivo completará la puesta en marcha del seguro público contra impagos de alquiler, aprobado a principios de año. El seguro está dirigido a propietarios que arrienden su vivienda por debajo del índice estatal de precios de referencia y cuyo inquilino sea menor de 35 años o se encuentre en situación de vulnerabilidad. En caso de impago, el seguro cubrirá todas las mensualidades pendientes, los posibles daños ocasionados por el arrendatario y los suministros que haya asumido el propietario, siempre que la vivienda quede vacía para poder reclamar los importes.

Esta medida forma parte del pacto alcanzado a finales de enero con Junts para asegurar su apoyo al decreto de ayudas sociales, que también incluye la subida de pensiones según el IPC, descuentos al transporte público y ayudas a los afectados por la DANA y el volcán de La Palma. El mismo texto extendió la prohibición de desahucios a familias vulnerables hasta el 31 de diciembre de 2025, una medida que el Gobierno pretende prorrogar antes de que finalice el año, siempre que cuente con el respaldo del Congreso.

Además, los socios progresistas de la coalición, liderados por Sumar, han intensificado la presión para que se mantenga la prórroga sin revisión de rentas de los contratos de alquiler que vencen en 2026, con el fin de evitar que los inquilinos enfrenten fuertes subidas de precios. Según fuentes de Sumar, se prevé una votación interna en el Ejecutivo sobre la congelación de unos 300.000 contratos, que será remitida a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos para su tramitación.