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El Gobierno central ha presentado este mes la nueva versión del abono único de transportes, un pase integrado que pretende simplificar la movilidad en todo el territorio nacional. Sin embargo, la iniciativa ha generado polémica porque, a diferencia de la edición anterior, no incluye la compensación económica por la renta que muchos usuarios perciben como esencial para equilibrar el coste del desplazamiento.

El olvido de la renta: una medida que complica la convivencia entre comunidades autónomas

En la propuesta actual, el precio del abono se ha fijado en 65 euros mensuales, un incremento respecto a los 55 euros del año anterior. La diferencia se justifica con la supuesta mejora de la cobertura de líneas y la incorporación de nuevas rutas de alta velocidad. No obstante, la eliminación del suplemento de renta, que anteriormente reducía el precio para familias con ingresos bajos, ha sido criticada por considerarse una “pelota en el tejo” de las comunidades autónomas que dependen de estos ajustes para garantizar la accesibilidad al transporte público.

Varios gobiernos regionales, entre ellos la Generalitat de Cataluña, la Comunidad de Madrid y el Gobierno de Andalucía, han manifestado su malestar. Según los portavoces de estos gobiernos, la medida vulnera el principio de solidaridad fiscal establecido en la Constitución y agrava la brecha social en zonas donde el coste de la vivienda supera ampliamente la media nacional.

El presidente de la Generalitat, en una rueda de prensa celebrada el pasado martes, declaró: “Esta decisión del Estado no solo desatiende las necesidades de los usuarios más vulnerables, sino que también dificulta la coordinación con los gobiernos autonómicos, que son los que gestionan la mayor parte del transporte urbano”. Por su parte, la delegada del Gobierno en Madrid ha señalado que la medida “pondrá en riesgo la sostenibilidad del sistema de transporte público, que ya muestra señales de déficit por la caída de usuarios tras la pandemia”.

Las organizaciones de consumidores, como la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), han pedido al Ejecutivo que revise la normativa antes de su entrada en vigor, prevista para el 1 de enero de 2026. En una carta dirigida al Ministerio de Transportes, la OCU argumenta que la eliminación del suplemento de renta “contraviene las políticas de igualdad de oportunidades y de accesibilidad que deben regir los servicios públicos esenciales”.

Mientras tanto, el Ministerio de Transportes defiende la reforma alegando que el nuevo modelo “optimiza los recursos y permite una mayor inversión en infraestructura”, aunque reconoce que se estudiarán posibles ajustes para mitigar el impacto social. En una entrevista con la prensa, el ministro ha asegurado que se abrirá un periodo de consultas con las comunidades autónomas durante los próximos tres meses.

Los expertos en economía regional advierten que la medida podría provocar un aumento de la presión sobre los servicios sociales locales, que tendrían que absorber a usuarios que, al no poder costear el nuevo abono, recurrirían a subsidios o ayudas complementarias. Además, advierten que la falta de coordinación entre el nivel estatal y autonómico podría derivar en conflictos legales sobre la distribución de competencias y financiación.

En los próximos días se esperan reuniones entre representantes del Gobierno central y los presidentes autonómicos para buscar un consenso que permita mantener la viabilidad del sistema de transporte integrado sin sacrificar la equidad social.