Cuarenta años de España dentro de Europa: así ha mudado de piel la economía nacional

Desde su ingreso en la Comunidad Económica Europea –actualmente Unión Europea– en 1986, España ha experimentado una transformación profunda en sus indicadores de bienestar, riqueza y desarrollo. A pesar de las crisis que han golpeado al país desde entonces, como la financiera de 2008, la pandemia de COVID‑19 y la reciente crisis energética, los datos muestran un giro de cerca de 180 % en los principales parámetros económicos y sociales.

En los primeros años de pertenencia, España fue uno de los mayores beneficiarios de los fondos comunitarios, pues su renta per cápita estaba por debajo del 75 % de la media de la UE. En 1985, la renta per cápita alcanzaba los 7 300 €, la relación exportaciones‑PIB era del 15 % y la esperanza de vida se situaba en 76 años. La población rondaba los 38 millones y el gasto público en educación y salud representaba el 3,5 % y el 5,2 % del PIB, respectivamente.

Al cierre de 2024, la renta per cápita había ascendido a 31 000 €, impulsada por un rápido proceso de convergencia con los socios europeos, sobre todo hasta la crisis de 2008. Las exportaciones ahora cubren el 34 % del PIB, y no se limitan al turismo, sino que incluyen importantes flujos de inversión tanto entrantes como salientes. La esperanza de vida ha aumentado a 84 años, la población supera los 49 millones –en un contexto europeo de declive demográfico– y el gasto en educación y salud se sitúa en el 4,6 % y el 7,4 % del PIB.

El gran salto del sector agroalimentario

La incorporación a la Comunidad Económica Europea permitió a agricultores y ganaderos acceder a la Política Agraria Común (PAC), motor de la modernización del campo español. Según el ministro de Agricultura, Luis Planas, en los 40 años transcurridos desde la adhesión, las exportaciones agroalimentarias pasaron de 4 000 millones de euros al año a 75 090,12 millones en 2024, generando una balanza comercial favorable de 19 231,19 millones de euros. España ha pasado de ser el octavo exportador dentro de la unión de 12 países a ocupar la cuarta posición entre los 27 miembros.

La estructura del sector también ha cambiado: en 1986 había alrededor de 1,8 millones de explotaciones, mientras que en 2024 su número se redujo a 784 000, con una superficie media de 30,5 hectáreas. Entre 2000 y 2020, la producción agrícola creció un 46 %, las exportaciones un 226 % y la renta agraria un 93 %.

La PAC, nacida en la Conferencia de Stresa (1958) y consolidada con la primera regulación en 1962, ha sido objeto de seis reformas desde la adhesión española (1992 –reforma MacSharry–, 1999, 2003, 2013 y 2021). Estas reformas han desplazado el modelo de apoyo basado en precios hacia uno centrado en pagos directos y ayudas a la renta. Actualmente, la PAC absorbe el 33,2 % del presupuesto de la UE, lo que equivale a un coste de 0,31 euros diarios por ciudadano europeo.

La próxima fase de la PAC, cuya vigencia se extenderá hasta 2028, introduce condicionalidades medioambientales mediante los “ecorregímenes”, siete prácticas voluntarias como el pastoreo extensivo, la rotación de cultivos o las cubiertas vegetales. Estas medidas pueden representar el 23 % de las ayudas directas, con un desembolso anual de 1 107 millones de euros.

España recibirá, hasta 2027, un total de 47 724 millones de euros en ayudas directas, desarrollo rural y medidas de mercado, de los cuales 32 549 millones corresponderán al periodo 2023‑2027. La campaña 2024 contó con casi 600 000 beneficiarios, un 3,9 % menos que el año anterior, frente a los 879 435 agricultores que solicitaron la PAC en 2014.

El sector agrario está hoy más cuestionado que nunca. Los agricultores denuncian una burocratización creciente y una falta de estabilidad por los constantes cambios normativos. La última propuesta de la Comisión Europea para el período 2028‑2034 plantea la eliminación de los dos pilares tradicionales de la PAC –pagos directos y desarrollo rural–, sustituyéndolos por un fondo único nacional. Además, se prevé un recorte presupuestario del 22 %, lo que reduciría la dotación española de 47 724 millones de euros a 37 235 millones, limitando aún más la capacidad de maniobra del campo. Esta reforma ha motivado la histórica manifestación de más de 10 000 agricultores y ganaderos de los 27 países de la UE en Bruselas, el pasado 18 de diciembre.