Así fue el polémico y millonario rescate de la aerolínea venezolana Plus Ultra a la que ahora la Policía investiga por blanqueo

Pedro Sánchez ha manifestado que no prevé cambios en la política tras la solicitud de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, de revisar la ayuda de 53 millones de euros concedida a la aerolínea Plus Ultra en 2021.

El rescate de Plus Ultra y la polémica del FASEE

En marzo de 2021, en plena recuperación tras la pandemia de COVID‑19, Plus Ultra Líneas Aéreas recibió una ayuda de 53 millones de euros del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). El desembolso se realizó mediante dos préstamos: uno participativo de 34 millones y otro ordinario de 19 millones.

El 24 de junio de 2024 la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional registró la sede de Plus Ultra en el Aeropuerto de Madrid‑Barajas. La operación culminó con la detención del presidente y del CEO de la compañía y forma parte de una investigación por presunto blanqueo de capitales.

Contexto del apoyo público

• El FASEE fue creado en 2020 para ofrecer apoyo temporal a empresas no financieras consideradas estratégicas para el tejido productivo español o regional, afectadas por la crisis sanitaria.
• Hasta la fecha, el fondo ha asistido a 21 empresas, entre ellas Plus Ultra.
• En el momento del rescate, Plus Ultra operaba con una flota de dos aviones, un capital mayoritario venezolano y una cuota de mercado inferior al 0,1 %.

Según la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, la "importancia estratégica" de Plus Ultra radicaba en el papel del transporte aéreo para el turismo y la economía española, y la compañía empleaba a 345 personas directamente y generaba más de 2 500 puestos indirectos.

El rescate se produjo bajo la dirección de la SEPI a cargo de María Belén Gualda González, quien sustituyó a Vicente Fernández en marzo de 2021. Fernández había sido detenido en 2024 por la Unidad de Combate contra la Corrupción (UCO) en relación con la explotación de la mina de Aznalcóllar.

Varios medios y actores políticos han cuestionado la naturaleza estratégica de Plus Ultra. Críticos señalan que la empresa arrastraba pleitos pendientes y deudas con la Seguridad Social, y que antes de recibir los 53 millones había solicitado un préstamo participativo de 6,3 millones al banco panameño Panacorp.

En el ámbito político, el Partido Popular ha insinuado la intervención del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el proceso de ayuda. Víctor Ábalos, hijo del exministro José Luis Ábalos, declaró que su padre recibió presiones de Zapatero para aprobar el rescate. Zapatero, por su parte, ha rechazado cualquier implicación.

Otra línea de investigación ha vinculado el rescate con altos cargos del gobierno venezolano, como la vicepresidenta Delcy Rodríguez y Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro. Armando.info señaló la presencia de inversores venezolanos poco conocidos pero vinculados a empresarios del chavismo. En enero de 2020, Delcy Rodríguez habría mantenido una reunión con el hijo de Ábalos en el aeropuerto de Madrid‑Barajas, bajo el conocimiento de Sánchez, a pesar de que a la diplomática le estaba prohibida la entrada al espacio Schengen.

La Fiscalía Anticorrupción ha abierto una causa por presunto blanqueo de capitales que involucraría el uso indebido de los 53 millones recibidos. Según sus averiguaciones, la aerolínea habría devuelto fondos a cuentas en el extranjero vinculadas a una supuesta organización criminal que operaría en España, Francia y Suiza, con recursos procedentes de la venta de oro del Banco de Venezuela y de los programas de alimentos CLAP.

El Partido Popular ha solicitado a la Comisión Europea que investigue la ayuda pública concedida a Plus Ultra, argumentando posibles vulneraciones de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, así como de la normativa contra el fraude y la corrupción.

En el plano judicial, la Audiencia Nacional dictó dos resoluciones sobre el acceso a la documentación del caso. El 21 de noviembre de 2024 se aprobó un acceso parcial, excluyendo información estratégica; el 22 de enero de 2025 se anuló la negativa total y se ordenó la entrega completa del expediente. La SEPI y Plus Ultra presentaron un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que admitió el recurso en julio y deberá resolver si prevalece el carácter reservado del Real Decreto‑Ley 25/2020 o la Ley de Transparencia.