Alquiler Seguro recurrirá la multa y pide una rectificación a Bustinduy: "Llevamos más de 17 años trabajando así y vamos a seguir"

Alquiler Seguro ha presentado este jueves la defensa de la legalidad de sus actuaciones frente a la sanción impuesta por el Ministerio de Consumo, que asciende a 3,6 millones de euros por supuestas prácticas abusivas en el mercado de alquiler. La empresa califica la resolución como un “auténtico atropello” a sus derechos y ha anunciado que recurrirá la multa ante los tribunales, además de solicitar una rectificación pública del ministro responsable.

Según el comunicado oficial, la entidad gestora de arrendamientos considera infundadas las acusaciones formuladas por el departamento dirigido por Pablo Bustinduy. En su argumentación, Alquiler Seguro sostiene que el servicio de atención al inquilino, que ha sido objeto de la sanción, es voluntario, efectivo y no constituye un gasto de gestión obligatorio para los arrendatarios.

La postura de la compañía ante la multa

Gerardo Neistat, director de comunicación de Alquiler Seguro, ha destacado que la empresa lleva más de 17 años operando bajo el mismo modelo y que continuará ofreciendo el servicio de atención al inquilino “de forma voluntaria”. “Cumplimos la ley y seguiremos haciéndolo”, ha reiterado el presidente Antonio Carroza, quien acusó al Ministerio de basar su actuación en “mentiras” y en un proceso administrativo que describió como “ilegal”.

El portavoz legal, Carlos Sánchez, añadió que la tramitación del expediente habría incluido la recopilación ilícita de pruebas, como la grabación de una conversación telefónica sin aviso, y que se han producido filtraciones de información de interés para la empresa. “Lo que hemos vivido en la vía administrativa ha sido un auténtico atropello jurídico”, resumió.

Alquiler Seguro también ha señalado que, según sus registros, en 2025 la compañía atendió más de 50 000 incidencias de inquilinos y que el servicio de atención al inquilino no se ha impuesto a los arrendatarios. La empresa indica que, de los 267 inquilinos que han firmado contrato desde la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, 50 optaron por no contratar dicho servicio, lo que, según ellos, prueba su carácter no obligatorio.

En relación con otras prácticas sancionadas, la empresa defiende que la contratación del seguro de hogar es igualmente voluntaria, y afirma que 4 000 de los 26 730 pisos gestionados no incluyen este seguro. Carroza, con tono irónico, señaló: “Dicen que lo imponemos, pues debemos ser muy malos imponiendo”.

El Ministerio de Consumo ha mantenido su postura, argumentando que la Ley de Vivienda prohíbe la transferencia al arrendatario de gastos de gestión inmobiliaria y la formalización del contrato. La autoridad ha calificado la infracción como grave, imponiendo una multa de 10 001 euros, y ha catalogado otras seis infracciones como muy graves, con sanciones entre un millón y 100 001 euros.

El departamento de Bustinduy ha citado una sentencia de octubre de 2025 que considera abusiva la cláusula que obliga al inquilino a contratar el servicio de atención, al considerarla opaca y carente de transparencia. Alquiler Seguro, por su parte, asegura que existen cuatro sentencias que respaldan la legalidad de su modelo, aunque el Ministerio ha descartado su valor como jurisprudencia.

Ante la resolución, Alquiler Seguro ha anunciado que solicitará medidas cautelares y que confía en obtener una sentencia favorable. “Estamos convencidos de que la justicia nos dará la razón”, afirmó Sánchez, añadiendo que la empresa no dejará de ofrecer lo que considera legal.

Carlos Mendoza Vargas Periodista

Licenciado en Comunicación Social con mención en Periodismo por la Universidad Central de Venezuela. Tiene 12 años de experiencia en cobertura de política nacional y conflictos sociales, con especialización en periodismo de investigación. Ha trabajado para medios impresos, digitales y radiofónicos en América Latina.