Obligados a pagar para conseguir una cita previa en Extranjería: "Juegan con nuestra necesidad"

La escasez de citas en los trámites de extranjería ha dado origen a un mercado negro que cobra hasta 200 € por una gestión que, por ley, es gratuita. La Policía Nacional ha desmantelado varias redes que utilizaban bots informáticos para bloquear el sistema de cita previa y revender los huecos a solicitantes de asilo y protección internacional.

El caso de Valeria, una colombiana que recurrió al mercado negro

Valeria, una mujer colombiana que prefiere mantener su identidad en reserva, llevaba dos meses intentando conseguir una cita en la oficina de extranjería para renovar su “tarjeta roja”, documento que acredita que su solicitud de protección internacional sigue en trámite. Tras varios intentos infructuosos, acudió a un locutorio donde le ofrecieron conseguirle una cita a cambio de 50 € en efectivo.

Con esa cita, Valeria pudo mantener su documentación al día mientras aguardaba la resolución de su solicitud de asilo. Un año después, cuando volvió a necesitar una renovación, el mismo intermediario le solicitó 120 €, pero la persona desapareció tras recibir el pago, dejándola sin la cita esperada.

Este episodio no es aislado. La Comisión Española de Ayuda al Refugio (CEAR) ha documentado que, desde la pandemia, la demanda supera ampliamente la oferta de citas en la mayoría de provincias, lo que ha impulsado la proliferación de anuncios en plataformas como Wallapop o Páginas Amarillas donde se venden citas por precios que oscilan entre 30 € y 200 €.

Según Elena Muñoz, responsable del departamento jurídico de CEAR, “el origen de este mercado negro es la escasez de citas. Cuando la oferta no cubre la demanda, aparecen intermediarios que se lucran con la situación”. Señala, además, que en regiones donde la disponibilidad de citas no se ha visto tan afectada, como en los trámites de protección temporal para refugiados ucranianos, el fenómeno es prácticamente inexistente.

En 2025 el Ministerio del Interior informó que se formalizaron 144 396 solicitudes de protección internacional y la Oficina de Asilo y Refugio resolvió 160 951 expedientes, lo que supone un incremento del 67,2 % respecto al año anterior, el mayor registro desde la creación de la oficina en 1992. A pesar de este aumento, la normativa europea establece que la solicitud de asilo debe registrarse en un plazo máximo de 3 a 6 días, un objetivo que en la práctica no se cumple en muchas comunidades autónomas.

Ante la falta de citas, la Policía Nacional ha llevado a cabo varias operaciones:

• En mayo de 2023, 69 personas fueron detenidas por operar un bot que bloqueaba el sistema de citas y las revendía entre 30 € y 200 €.
• En septiembre de 2024, dos sospechosos fueron arrestados en Valencia tras recibir denuncias de usuarios que pagaron por citas inexistentes.
• En octubre de 2025, dos personas fueron detenidas en Puente de Vallecas por gestionar citas de forma masiva mediante llamadas telefónicas y revenderlas a 50 € cada una.

El Ministerio del Interior afirma que está trabajando en la mejora del sistema de citación, habilitando canales alternativos como líneas telefónicas, correos electrónicos y atención presencial en las provincias con mayor demanda. Además, las fuerzas y cuerpos de seguridad continúan investigando para eliminar cualquier tipo de fraude.

El problema, sin embargo, no se limita a extranjería. El sindicato UGT ha denunciado la venta ilegal de citas también en otros servicios públicos, como la tramitación de prestaciones por desempleo y gestiones en la Seguridad Social.

Para las personas que solicitan protección internacional, la cita previa es mucho más que una fecha en el calendario: es la puerta de entrada al sistema. Sin ella, la renovación de la documentación provisional se vuelve imposible, lo que complica la identificación policial, el acceso a la autorización de trabajo, la asistencia sanitaria y los servicios de acogida.

Valeria, tras haber sido estafada, acudió a CEAR, donde una trabajadora social la remitió a una abogada que le ayudó a renovar su tarjeta sin pagar a intermediarios. Finalmente, tras cuatro años y medio de espera, le concedieron el asilo y pudo presentar sus huellas para obtener la primera tarjeta de residencia. Ahora enfrenta el mismo desafío para la renovación, aunque espera que los nuevos canales de cita sean más accesibles.

Carlos Mendoza Vargas Periodista

Licenciado en Comunicación Social con mención en Periodismo por la Universidad Central de Venezuela. Tiene 12 años de experiencia en cobertura de política nacional y conflictos sociales, con especialización en periodismo de investigación. Ha trabajado para medios impresos, digitales y radiofónicos en América Latina.