Marlaska asegura que la baliza V-16 salvará vidas como el carné por puntos y el cinturón de seguridad

El ministro del Interior, Fernando Grande‑Marlaska, reiteró este martes su convicción de que la nueva baliza V‑16, obligatoria desde el 1 de enero para cualquier vehículo averiado o siniestrado, contribuirá a salvar vidas en las carreteras españolas, tal como lo hizo el sistema del carné por puntos cuando se implantó.

Durante el debate en el Pleno del Senado, el ministro respondió a la diputada del PP, Miriam García, quien había cuestionado la sustitución de los tradicionales triángulos de preseñalización por la baliza. Grande‑Marlaska subrayó que la baliza V‑16 sirve únicamente para indicar el lugar de la incidencia, sin transmitir datos personales del conductor.

Argumentos a favor y críticas al cambio

El titular explicó que, según datos oficiales, el número de fallecidos por violencia vial se redujo de 4.400 a 1.119 en el último año y que el uso del cinturón de seguridad también ha tenido un impacto positivo. “La baliza V‑16 funciona en los mismos términos: una medida sencilla que aumenta la visibilidad de la escena del accidente”, afirmó.

En contraste, la diputada Miriam García describió la baliza como “el objeto que mejor define al sanchismo”, alegando que la obligación de adquirirla obliga a los conductores a permanecer dentro del vehículo mientras circulan otros a gran velocidad, lo que consideró peligroso. García también cuestionó la utilidad práctica del dispositivo, señalando que, pese a contar con geolocalización, no llama a la grúa, no avisa al seguro ni solicita auxilio.

Grande‑Marlaska replicó que la medida forma parte de una política de “salvar vidas” y que la baliza nació de la experiencia de los servicios de auxilio en carretera, que habían perdido trabajadores en el desempeño de sus funciones. Además, recordó que el número de peatones fallecidos en 2025 fue de 103, lo que representa el 10 % del total de víctimas, y que anualmente se pierden 25 personas en la colocación de los triángulos tradicionales.

El debate también incluyó acusaciones cruzadas: el ministro calificó de “contorsionismo político” la postura del PP, mientras que la diputada acusó al Gobierno de imponer un “progreso caprichoso” sin considerar la seguridad real de los usuarios.