No olvidemos lo que fuimos, un país de emigrantes

El presidente Pedro Sánchez ha anunciado que, a partir del próximo año, el acceso a las plataformas de redes sociales quedará prohibido para los menores de 16 años. La medida, que será aplicada mediante la colaboración de los principales operadores de telecomunicaciones y los propios proveedores de los servicios digitales, tiene como objetivo proteger la salud mental y la seguridad de los jóvenes frente a los riesgos asociados al uso indiscriminado de estas herramientas.

Esta iniciativa se enmarca dentro de un enfoque más amplio que el Gobierno español está adoptando en materia de política social y migratoria. En la misma rueda de prensa, Sánchez ha subrayado que España continuará avanzando en la regularización de los trabajadores inmigrantes que ya forman parte del tejido productivo del país, una medida que describió como un acto de justicia y de garantía de sostenibilidad del Estado del Bienestar.

Regularización: una respuesta a la crisis demográfica

La regularización de la población migrante llega en un momento en que España enfrenta un reto demográfico significativo: la natalidad ha caído de forma pronunciada, la generación del “baby boom” está entrando en edad de jubilación y la oferta de mano de obra joven para el mercado laboral está disminuyendo. Reconocer a los trabajadores sin papeles y permitirles cotizar legalmente al sistema de Seguridad Social no solo les otorga derechos laborales y acceso pleno a los servicios públicos, sino que también refuerza la recaudación fiscal y contribuye a la sostenibilidad de las pensiones.

Entre los efectos inmediatos que se esperan, destacan la reducción de la economía sumergida y un aumento de la contribución a la hacienda pública, lo que aliviará la presión sobre los servicios públicos en un contexto de recortes anteriores. El Gobierno también ha anunciado que reforzará las inspecciones en fronteras y los controles internos para garantizar que la regularización se realice bajo los criterios habituales: permanencia mínima en el territorio, ausencia de antecedentes penales y cumplimiento de los requisitos administrativos establecidos.

Los gobiernos españoles de distintas corrientes políticas, con la excepción del mandato de Mariano Rajoy, han llevado a cabo procesos de regularización similares, basados siempre en la necesidad de integrar a quienes trabajan y viven en el país. Estas políticas se acompañan de programas de integración y cohesión social para evitar la polarización y los discursos de exclusión que a menudo alimentan la ultraderecha.

En este sentido, el presidente ha condenado el uso del término “ilegales” para referirse a las personas sin papeles, recordando que la estigmatización alimenta la vinculación errónea entre inmigración y delincuencia. Asimismo, ha rechazado las insinuaciones de fraude electoral relacionadas con la supuesta participación de inmigrantes en procesos de votación, subrayando que la legislación española impide que personas sin la nacionalidad española ejerzan el derecho al voto.

El anuncio de la prohibición del acceso a redes sociales para menores de 16 años y la regularización de migrantes refleja el intento del Gobierno de combinar medidas de protección social con un enfoque humano y económico, acorde con la historia de España como nación de emigrantes y ahora, también de acogida.