Así es el 'modelo Ámsterdam' que España está considerando para solucionar la crisis de vivienda

La borrasca Francis sigue provocando estragos en la costa sur de España, con desbordamientos de ríos, operativos de rescate y el cierre de tramos de carretera que dificultan la movilidad de los residentes y los equipos de emergencia.

En otro plano, el expresidente de EE. UU., Donald Trump, ha lanzado un mensaje directo a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, advirtiéndole que, de no “hacer lo correcto”, enfrentará “un precio más alto que el de la muralla”. La declaración se ha difundido a través de las redes sociales y ha generado diversas reacciones en la comunidad internacional.

Mientras tanto, el Gobierno de la Generalitat de Cataluña ha anunciado que estudia la adopción de un modelo de regulación inmobiliaria inspirado en el llamado “modelo Ámsterdam”, con el objetivo de frenar la venta especulativa de viviendas y aplicar exigencias más estrictas a los compradores.

El modelo Ámsterdam como referencia para la vivienda

La crisis de la vivienda se ha convertido en uno de los problemas sociales y económicos más acuciantes de España. El incremento sostenido de los precios del alquiler, la escasez de viviendas asequibles y la presión turística en grandes ciudades han llevado a las administraciones a buscar soluciones fuera de sus fronteras.

El modelo neerlandés, vigente desde hace varias décadas en Ámsterdam, combina diversas políticas públicas que intervienen directamente en el mercado inmobiliario:

• Alquiler social y cooperativo: Aproximadamente el 40 % del parque residencial de la ciudad pertenece a cooperativas o entidades semipúblicas, lo que reduce la dependencia del mercado privado y actúa como freno a la especulación.
• Regulación de precios de alquiler: Un sistema de puntuación evalúa características como tamaño, eficiencia energética, ubicación y servicios. Solo los inmuebles que alcanzan un número determinado de puntos pueden alquilarse por encima de un umbral legal.
• Gestión del suelo: La mayor parte del suelo urbano es propiedad del Ayuntamiento, que lo cede mediante concesiones a largo plazo en lugar de venderlo. Este esquema permite mantener el control sobre el uso del suelo y obligar a que los nuevos desarrollos incluyan un porcentaje obligatorio de vivienda asequible.

España observa este modelo con especial interés. Entre las propuestas que se están evaluando se encuentran la ampliación del parque público de vivienda, el fortalecimiento de la colaboración con cooperativas y la imposición de límites al precio del alquiler en zonas tensionadas. La legislación española ya incorpora algunos elementos inspirados en experiencias europeas.

Sin embargo, el modelo no está exento de críticas. Algunos expertos advierten que una regulación excesiva podría reducir la oferta si los propietarios deciden retirar sus inmuebles del mercado. En Ámsterdam, por ejemplo, existen listas de espera prolongadas para acceder a viviendas asequibles, lo que dificulta la inserción de recién llegados.

Según urbanistas y economistas, la clave para adaptar el modelo neerlandés al contexto español radica en ajustarlo a las particularidades locales: un mercado históricamente orientado a la propiedad, un parque público de vivienda muy reducido y una fuerte presión turística en determinadas ciudades. Por ello, cualquier implementación requerirá inversión sostenida, planificación a largo plazo y una estrecha coordinación entre los distintos niveles de la administración.