El horizonte judicial de 2026: de los juicios a Ábalos y la operación Kitchen a la incógnita sobre la amnistía a Puigdemont

La borrasca Francis ha provocado graves inundaciones, rescates y la interrupción de varias carreteras en la costa mediterránea, generando una nueva ola de emergencias que ha puesto a prueba los recursos de protección civil.

En el ámbito judicial, el 2026 se perfila como un año clave para la política española, con una agenda repleta de procesos que continuarán marcando la opinión pública tras un 2025 intensamente mediático.

Calendario judicial 2026

Los tribunales de todo el país abrirán sus puertas a una larga lista de causas de alto impacto, entre las que destacan:

• Juicio por la presunta corrupción en la compra de mascarillas contra José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama. La Fiscalía y la acusación popular solicitan penas elevadas y ambos acusados fueron puestos en prisión provisional el 27 de noviembre; el Tribunal Supremo decidirá el 15 de enero si se mantiene la medida.
• Proceso contra el exministro del Interior y antiguo responsable de la cúpula de Mariano Rajoy, Jorge Fernández Díaz, su ex número dos Francisco Martínez y el excomisario José Manuel Villarejo por el supuesto espionaje a Luis Bárcenas.
• Juicio en Bajoz contra Miguel Ángel Gallardo, exlíder del PSOE en Extremadura y hermano de Pedro Sánchez, por presuntas maniobras para designar a David Sánchez en la Diputación.
• Audiencia Nacional celebrará el 6 de abril el juicio de la “operación Kitchen”, que investiga un presunto operativo parapolicial para desviar fondos del tesorero del PP, Luis Bárcenas.
• Procedimientos contra Alberto González Amor, pareja de Isabel Díaz Ayuso, por fraude fiscal, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.
• Investigación contra Íñigo Errejón, acusación de agresión sexual a Elisa Mouliaá; aunque la Fiscalía ha indicado que no presentará cargos, el proceso sigue abierto.
• Cuatro causas distintas contra el eurodiputado Luis “Alvise” Pérez, incluida una acusación de financiación ilegal de su partido “Se acabó la fiesta” (SALF) mediante la entrega de 100 000 euros por Álvaro Romillo.
• Juicio en la Audiencia Nacional por la trama de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), donde se investiga el amaño de contratos por al menos 132,9 millones de euros. Entre los detenidos están el expresidente de la SEPI Vicente Fernández, el socio de Santos Cerdán Antxon Alonso y la presunta “fontanera” del PSOE Leire Díez.
• Procedimientos contra la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pras y su ex número dos Emilio Argüeso por la gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024; el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, está citado como testigo el 9 de enero.

Investigaciones al entorno del Gobierno

Los tribunales están profundizando en la supuesta trama liderada por Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán, que habría manipulado contratos de obra pública a cambio de un “botín” estimado en cinco millones de euros, según el juez Leopoldo Puente. La Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo han ordenado múltiples diligencias, entre ellas la incautación de documentos de Acciona, principal beneficiaria de los presuntos amaños, y la revisión de las cuentas del ex número tres del PSOE.

Paralelamente, la UCO ha detectado pagos en efectivo no registrados por el PSOE; el partido entregó recientemente un pen drive con la información requerida por el juez, la cual está siendo analizada bajo secreto de sumario.

Causas contra la familia del presidente

El juez Juan Carlos Peino dirige la investigación sobre la esposa del presidente, Begoña Gómez, centrada en la actividad de Cristina Álvarez, asesora de Moncloa vinculada a la esfera profesional de la primera dama. El magistrado se jubila en septiembre de 2026, lo que podría influir en la continuidad del proceso.

Amnistía a Carles Puigdemont

El futuro de Carles Puigdemont depende de dos decisiones judiciales cruciales. Por un lado, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resolverá próximamente la compatibilidad de la ley de amnistía española con el derecho europeo; el propio TJUE ha manifestado que, en principio, la medida de gracia no contraviene la normativa comunitaria. Por otro, el Tribunal Constitucional deberá pronunciarse sobre el recurso presentado por Puigdemont contra la sentencia del Supremo que declaró no amnistiable la supuesta malversación del procés.