El PP señala a Montero tras los registros mientras Sumar exige una remodelación del Gobierno ante la corrupción

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil llevó a cabo este viernes registros en los ministerios de Hacienda y de Transición Ecológica, así como en la empresa pública Correos, en el marco de una ampliación de las investigaciones por presuntas irregularidades en contrataciones públicas. Los operativos forman parte de la misma causa que ha desembocado en la detención de la exmilitante del PSOE Leire Díez, del expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, y del empresario Antxon Alonso, presunto socio del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

Los registros han puesto fin a una semana especialmente convulsa para el Gobierno y para el PSOE, en la que se han hecho públicos varios supuestos escándalos de corrupción y de acoso sexual dentro del partido. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, aprovechó una entrevista en La Sexta para exigir al presidente Pedro Sánchez un “cambio profundo” del Ejecutivo y la puesta en marcha inmediata de medidas anticorrupción, asegurando que “se acabaron las reformas cosméticas”.

Reacciones de los partidos y de la cúpula del Gobierno

Moncloa ha descartado públicamente cualquier remodelación del Gobierno, según indicaron fuentes a la agencia Efe. La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, afirmó que el Ejecutivo no contempla la convocatoria de elecciones y que “gobierna y funciona bien”, añadiendo que ha respondido “con absoluta contundencia” a los casos de corrupción.

Por su parte, la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera, María Jesús Montero, matizó que los operativos no constituyen registros sino “requerimientos de expedientes o de información”. Montero aseguró la “absoluta colaboración” del Gobierno con la UCO y subrayó que “toda la información está declarada secreto de sumario”, por lo que no dispone de datos adicionales respecto a las detenciones.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, calificó al Gobierno de “el más rodeado de corrupción en 47 años de democracia” y describió la situación como una “espiral inédita de detenciones, de corrupción, de machismo y de extorsión”. El vicesecretario del PP, Elías Bendodo, señaló a la vicepresidenta primera María Jesús Montero como la “protagonista” tanto de la caída del PSOE en Andalucía como de la caída del “sanchismo”.

Vox, a través de su presidente Santiago Abascal, describió los registros como evidencia de un “auténtico colapso de la mafia” y pidió que el pleno extraordinario solicitado por el PP en el Congreso vaya acompañado de una moción de censura. Asimismo, el portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, acusó a Montero de “corrupción socialista”.

Los partidos que integran la coalición Sumar (Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid, Catalunya en Comú, entre otros) se reunieron para evaluar la situación y exigieron al PSOE respuestas “con contundencia y urgencia”, así como una “reformulación profunda” del Gobierno.

En Castilla‑La Mancha, la consejera de Igualdad, Sara Simón, insinuó irregularidades en los censos electorales de las primarias que ganó Pedro Sánchez, señalando que en la provincia de Guadalajara aparecían personas desconocidas en los padrones. La portavoz del PP en esa comunidad autónoma, Itziar Asenjo, criticó la ausencia de denuncias ante esas sospechas.

Por otro lado, el presidente de Castilla‑La Mancha, Emiliano García‑Page, advirtió que, de producirse un caso de corrupción dentro de su gobierno, será “intransigente” y no se escudará en desconocer a los implicados.